Lo dijo la ministra de Justicia, María Zavala, en una ceremonia de desagravio a los familiares
(Andina).- El Estado Peruano expresó hoy sus disculpas por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, llevado a cabo por el grupo paramilitar Colina en 1992, en el acto de reconocimiento y desagravio realizado por el Ministerio de Justicia."A nombre del Estado Peruano, les expresamos nuestras disculpas públicas y este acto de desagravio hacia ustedes, que como familiares, buscan de hechos tan graves que no se repitan jamás", dijo la ministra de Justicia, María Zavala, quien presidió dicha ceremonia.Recordó que el secuestro y posterior asesinato de las víctimas se realizó "por un grupo paramilitar que se constituyó con el aliento y aprobación de un régimen dictatorial en auge", en alusión al gobierno de Alberto Fujimori.En un acto público, en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destacó que el caso La Cantuta se constituye una de las acciones más graves de violaciones de derechos humanos de los últimos 20 años. "Hoy el Estado Peruano es consciente que los derechos y libertades así como las garantías de estos, son inseparables del sistema de valores y principios", anotó.En torno al cumplimiento de la sentencia de la Corte, dijo que la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos ya realizó las gestiones ante el Fedadói y el Ministerio de Economía, a fin de coordinar los pagos de las reparaciones patrimoniales dispuestas a favor de los familiares de las víctimas.Además, comentó, se vienen realizando reuniones desde el 7 de marzo del 2007, con los representantes de los deudos, con el objetivo de contribuir al pleno cumplimiento de la sentencia.En ese sentido, mencionó que el 21 de setiembre del 2007, la Corte Suprema de Chile autorizó la extradición de Alberto Fujimori, procesado por la presunta comisión de diversos delitos entre otros los hechos del caso Cantuta, y ahora el Estado cumple con su deber de investigar y procesar. "En su momento, el Poder Judicial sancionará a todos los que resulten responsables de un delito", enfatizó.Zavala resaltó que la democracia tiene la obligación moral y ética de realizar un acto público de reconocimiento, de responsabilidad, para que nunca más se repitan actos de lesa humanidad como éste. "Quince años después, víctimas y deudos empiezan a encontrar la tan ansiada paz, la tan esperada justicia luego de un largo camino de búsqueda desesperanzadora", anotó.En este acto participaron el secretario ejecutivo del Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Alberto Salgado, el presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner, la representante de los deudos, Gisella Ortíz, el secretario general del Ministerio de Defensa, Renzo Chiri, entre otros.
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1 comentarios:
- At 2 de enero de 2008 a las 3:35 Rafael del Barco Carreras said...
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Un recuerdo a su citado Carlos Solchaga
JUICIO GRAN TIBIDABO
¿Quién falta en el banquillo?.
Rafael del Barco Carreras
Un tal José Ruiz, con agentes captadores, consigue en los años 90, 30.000 mil millones de unos 10.000 ahorradores. Paga comisiones a sus captadores e intereses a sus inversores al margen de las “normas oficiales”, y sus acciones tienen el valor que él marca para seguir captando más dinero. Lo clásico, la mecánica de cualquier pirámide. También lo normal en la creación de tantos grupos financieros españoles, quebrados por fraude. Pero a diferencia de otros, éste invierte el dinero, que resta después de pagar el elevadísimo coste de continuar captando, en operaciones de ventas a plazo, leasing, cargando fuertes intereses. Y un buen día llegan los inspectores del Banco de España y la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y le dicen que se acabó. El hombre firma lo que le ponen delante para no parar de inmediato con sus huesos en la cárcel, y el “chiringuito financiero” pasa a manos “oficiales”.
La segunda parte, la que debería dilucidarse en el Juicio actual, pasados dieciséis años, es el porqué, cómo y quién decide que esas operaciones a plazo, las letras a cargo de compradores de coches, maquinaria o todo tipo de bienes “muebles e inmuebles”, los 30.000 millones que cubren a todos los inversores se abonen en el BANCO HISPANO AMERICANO, convertidos en dinero contante y sonante. Un banco debatiéndose entre posibles fusiones para apuntalar su existencia, presidido por José María Amusátegui, abogado del Estado procedente del “club de altos cargos franquistas”, que con su segundo Angel Corcóstegui cobrarán la indemnización más fabulosa del Mundo por jubilarse un año antes de la edad reglamentaria, 109.000.000 de € casi 18.000 millones de pesetas para el SEGUNDO y unos 7.000 millones para él. Tan extraña la diferencia entre uno y otro, y tan anormales las astronómicas cifras que se denunciaron, rematando lo rocambolesco la sentencia de “inocencia”. Amusátegui conocía desde mucho antes a Javier de la Rosa, interviniendo en el fiasco del Banco de Madrid de los Franco. Insisto que en ese “poti poti de historias y supermillones” desaparecieron mucho más de 30.000 millones, entre otros las acciones de los grandes bancos propiedad del grupo TORRAS-KIO, paquetes mayoritarios perdidos por las cuentas no contabilizadas de las propias filiales bancarias en paraísos fiscales, con otra sentencia de INOCENCIA.
TOTAL. Primero nadie preguntará a Don Mariano Rubio, Gobernador del Banco de España, que también pasó por la cárcel, o a sus sucesores y coetáneos en la Inspección del Banco, o a Luis Carlos Croissier, Presidente del CNMV (hombres del Ministro de Hacienda Carlos Solchaga), porqué permiten ese abono “regalo” a quien se dio de baja en el “Registro de Altos Cargos de Banca” por su desastrosa actuación en el Banco Garriga Nogués, 1985-6, y en cuanto a Bolsa, sus manejos con las acciones del Grupo Torras-KIO son de escándalo “alterando precios”, 1988 al 90, sin olvidar, y bien recordada por el Vicepresidente de aquel Gobierno, Narcís Serra, su implicación DIRECTA (según firmó el Juez Especial José Álvarez Martínez, sin implicarlo) en el Caso Consorcio de la Zona Franca, que el mismo Serra descubrió y denunció, 1975 al 80. Y más, cómo se fabrica una OPA con el propio dinero de la intervenida sociedad Consorcio Nacional del Leasing SA.
Ellos contestarían ante un tribunal que esas arbitrariedades y hasta actuaciones delictivas las ordenó “alguien”... y ese alguien quedará en el olvido, cuando es indispensable para que con la “responsabilidad civil subsidiaria” cobraran los reales propietarios de los 30.000 millones. Pero ese hilo para sacar el ovillo ya se rompió al inicio del sumario (en la hégira del Fiscal Jefe Vitalicio Carlos Jiménez Villarejo y su segundo José María Mena), cuando los perjudicados reclamaron, y ahora, y en este Juicio, solo cabía imponer las penas por apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, delito fiscal, y estafa, a Javier de la Rosa Martí, y siete acusados más. Y desde el primer momento se les tratará con “guante blanco”. Y repito, comparar sus cuatro meses de cárcel con mis tres años preventivo en el Consorcio de la Zona Franca, o los trece años de sumario, con mis siete meses, y la traca final de los TRES AÑOS por toda petición fiscal y parte acusadora privada, y “borrón y cuenta nueva”, es de escándalo…pero si ni siquiera esos 10.000 perjudicados se echan a la calle… ni menos los 300.000 que gritaron a favor de JORDI PUJOL cuando la Banca Catalana… pues bueno…!a vivir que son dos días!... ¡Spain is diferent!...y la CATALONIA mucho más…ver www.lagrancorrupcion.com